Los diputados Luis “Lucho” Duke (Vamos) y Ernesto Cedeño (MOCA) presentaron anteproyectos de ley para prohibir que el Estado pague seguros privados de salud a funcionarios. Ambos coinciden en el diagnóstico: mientras ciertos servidores públicos reciben pólizas privadas con dinero estatal, la mayoría de la población depende de un sistema público marcado por desabastecimiento de medicamentos, falta de personal y precariedad hospitalaria. La discusión llega en pleno ciclo de vistas presupuestarias en la Asamblea, donde salieron a relucir partidas para seguros en varias instituciones.
¿Qué proponen?
- El texto de Duke busca impedir expresamente que las entidades incluyan en sus presupuestos recursos para seguros de salud, vida, accidentes u otros beneficios similares financiados con fondos públicos. La idea es que, si un funcionario quiere póliza privada, la pague de su bolsillo.
- La iniciativa de Cedeño prohíbe pagar con presupuesto estatal seguros privados de salud a funcionarios, con una excepción acotada: seguros de vida para estamentos de seguridad, debidamente justificados.
¿Por qué ahora?
Durante las sustentaciones de Presupuesto 2026 afloraron renglones destinados a pólizas en múltiples instituciones (Tribunal Electoral, Órgano Judicial, Ministerio Público, entre otras). Un repaso a PanamáCompra citado por la prensa indicó que al menos siete entidades han contratado seguros colectivos de salud y vida para su personal; en el caso del Tribunal Electoral, se discutió una línea cercana a $1.9 millones. Estos datos encendieron la polémica sobre equidad y prioridades del gasto.
El ángulo social y de servicios
Para los proponentes, el mensaje es ético y presupuestario: no es coherente que haya funcionarios con cobertura privada costeada por el erario mientras el público enfrenta largas esperas, déficit de personal y faltantes de fármacos en la red estatal. Organizaciones y analistas han usado el caso para pedir que esos recursos se redirijan a abastecimiento, infraestructura, mantenimiento hospitalario y talento humano.
Qué viene ahora
Ambos textos deben ser prohijados en comisión antes de pasar al pleno. En el camino podrían unificarse criterios (por ejemplo, sobre excepciones muy puntuales y controles de transparencia) o abrirse la puerta a modelos alternativos (seguros colectivos cofinanciados por el funcionario, o esquemas transitorios mientras se fortalece la red pública). El pulso político será intenso: hay voces que alegan que ciertos beneficios ayudan a atraer y retener talento; otras sostienen que crear “ciudadanos de primera y segunda” en salud erosiona la confianza en el Estado.
