El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este martes desde Oslo que Venezuela será «un gran hito histórico» de cómo un pueblo puede liberarse de «un dictador tirano», en la víspera de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora de ese país, María Corina Machado.

«Venezuela será un gran hito histórico de cómo un pueblo con resistencia, pero tenacidad y lucha, se libera de un dictador tirano (en referencia a Nicolás Maduro)», señaló el mandatario panameño a la prensa desde la capital noruega.

Mulino, además, sostuvo que la entrega de ese Nobel a Machado es «un enorme simbolismo de que los astros se están alineando tras la libertad de Venezuela» a la vez que espera que «toda esta resonancia» logre repercutir «en lo interno» para que se comprenda de que «hay una sola ruta y es la libertad» de Venezuela.

«Espero que toda esta resonancia, que ya está teniendo y va a seguir teniendo en los próximos dos días, repercuta en lo interno y comprendan que no hay vuelta para atrás, hay una sola ruta y es la libertad y la democracia para Venezuela», explicó.

Mulino se encuentra en Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana este miércoles, en la que también estará Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Machado «está intentando llegar a Oslo» para recibir ese Nobel de la Paz, afirmó este martes su hermana Clara Machado Parisca en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio, toda vez que aplazó una rueda de prensa prevista en el Instituto Nobel de Oslo.

Exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands fue detenido la madrugada del martes 9 de diciembre de 2025 en el área de Camino de Cruces.

La captura ocurrió alrededor durante la Operación Bávaros, una acción conjunta entre el Ministerio Público con la Policía Nacional que se desarrolló en diferentes puntos de las provincias de Coclé, Panamá Oeste y Panamá y que también resultó en la detención de otras diez personas e incluyó un allanamiento a su vivienda.

¿Qué proponen?

• El texto de Duke busca impedir expresamente que las entidades incluyan en sus presupuestos recursos para seguros de salud, vida, accidentes u otros beneficios similares financiados con fondos públicos. La idea es que, si un funcionario quiere póliza privada, la pague de su bolsillo.
• La iniciativa de Cedeño prohíbe pagar con presupuesto estatal seguros privados de salud a funcionarios, con una excepción acotada: seguros de vida para estamentos de seguridad, debidamente justificados.

¿Por qué ahora?
Durante las sustentaciones de Presupuesto 2026 afloraron renglones destinados a pólizas en múltiples instituciones (Tribunal Electoral, Órgano Judicial, Ministerio Público, entre otras). Un repaso a PanamáCompra citado por la prensa indicó que al menos siete entidades han contratado seguros colectivos de salud y vida para su personal; en el caso del Tribunal Electoral, se discutió una línea cercana a $1.9 millones. Estos datos encendieron la polémica sobre equidad y prioridades del gasto.

El ángulo social y de servicios
Para los proponentes, el mensaje es ético y presupuestario: no es coherente que haya funcionarios con cobertura privada costeada por el erario mientras el público enfrenta largas esperas, déficit de personal y faltantes de fármacos en la red estatal. Organizaciones y analistas han usado el caso para pedir que esos recursos se redirijan a abastecimiento, infraestructura, mantenimiento hospitalario y talento humano.

Qué viene ahora
Ambos textos deben ser prohijados en comisión antes de pasar al pleno. En el camino podrían unificarse criterios (por ejemplo, sobre excepciones muy puntuales y controles de transparencia) o abrirse la puerta a modelos alternativos (seguros colectivos cofinanciados por el funcionario, o esquemas transitorios mientras se fortalece la red pública). El pulso político será intenso: hay voces que alegan que ciertos beneficios ayudan a atraer y retener talento; otras sostienen que crear “ciudadanos de primera y segunda” en salud erosiona la confianza en el Estado.

El mandatario panameño explicó que este proyecto forma parte del nuevo corredor energético que desarrollará el Canal de Panamá, y será una de las mayores inversiones en la historia de esta ruta interoceánica, con un impacto positivo para el país. 

Precisó que este gasoducto generará más 6,500 puestos en la etapa de construcción y cerca de 9,600 en la fase operativa.

La obra también aportaría ingresos para el Estado de Panamá por 160 millones de dólares durante la construcción y más de mil 500 millones de dólares cada año en la fase de operación. 

Además, representaría un valor agregado a la economía panameña por 590 millones de dólares anuales durante la construcción y un estimado de 2,700 millones de dólares anuales durante su fase operativa.

El gasoducto será el primer gran proyecto de esta plataforma de infraestructura que busca fortalecer la competitividad del país y responder a una necesidad estratégica del mercado global de productos energéticos.

“El gasoducto que hoy anunciamos es una apuesta estratégica de Panamá para seguir siendo un país clave en la economía global, generando desarrollo para los panameños y garantizando la sostenibilidad y competitividad del Canal de Panamá”, afirmó Mulino.

La reacción de Adames se dio durante la vista fiscal de la Autoridad Marítima de Panamá.
 
«Que la administración anterior, de manera muy diligente, muy complaciente y obviando requerimientos formales y legales le otorgó una renovación automática al Ferrocarril de Panamá, que después hizo una jugada extraordinaria y la vendió a la empresa Maersk por 600 millones de dólares«, aludió Adames.

Luego, Adames cuestionó si ese contrato del ferrocarril tenía cláusula de renovación automática, por qué el mismo no fue remitido a la Asamblea Nacional y por qué la junta directiva AMP no lo revisó «ya que ese contrato es «onerosa para el pueblo panameño».

«Ese contrato no tiene cláusulas de renovación automática», expresó Alexander De Gracia Subadministrador de la AMP y recordó que «esa renovación no fue durante nuestra administración, pero entiendo que el proceso de llevarlo a la Gaceta Oficial es el de seguimiento del proceso legal luego de la renovación del contrato por la anterior administración», concluyó.

El primer tema inevitable son los medicamentos.

Mon recuerda que recibió una CSS con menos de la mitad de su inventario abastecido. “Hoy estamos en 90%”, afirma.

Pero advierte que el verdadero problema no es el inventario en sí, sino que los fármacos lleguen al paciente en el momento oportuno. “La disponibilidad es el gran desafío. No sirve tener bodegas llenas si el asegurado sigue saliendo con las manos vacías”.

Las citas médicas. “¿Cómo se arregla algo que viene de arrastre desde hace décadas?”, “Es un reto estructural. Pasa por tecnología, por personal, por formar especialistas que simplemente no existen hoy”, responde. Y menciona la carencia en provincias como Bocas del Toro, Darién o Chitré, donde los asegurados esperan meses o viajan largas distancias para ser atendidos.

A ese panorama se suma una sombra que ha carcomido la paciencia ciudadana: las mafias internas. Mon no duda en admitirlo. “Sí, hemos descubierto redes que venden citas y atrasan a otros pacientes. Es un cóctel de problemas que multiplica la frustración del asegurado”, revela. Y asegura que esas prácticas ya han sido denunciadas. “El Ministerio Público tiene toda la información. La CSS ha presentado querellas con documentos, no simples denuncias”.

Lo que se descubrió dentro de la entidad fue que redes de funcionarios lucraban con las citas médicas, cuyos precios llegaban en algunos casos hasta los 125 dólares.

El acuerdo, apuntalado durante la visita de Mulino a Brasil, abre la puerta a rutas más eficientes y a análisis conjuntos sobre descarbonización en el transporte marítimo.

La ACP destaca que esta alianza puede traducirse en costos más competitivos para exportadores y en cadenas más resilientes. Autoridad del Canal de Panamá

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá.