La transmisión en vivo de Radio Panamá fue interrumpida este martes 9 de diciembre en medio del primer recorrido informativo que realizarán en distintos municipios del país. El objetivo de la gira es conocer el uso que los gobiernos locales le han dado a los fondos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanas (MEF), una iniciativa que la emisora ha destacado como parte de su cobertura de fiscalización.

Los anuncios realizados en los últimos días han convertido a Davivienda y Scotiabank en el centro de la atención económica de 2025. La integración de las operaciones de Scotiabank en Panamá con Banco Davivienda marca un hito histórico en el sistema financiero panameño, generando una oferta más amplia de soluciones para clientes personales, corporativos, inversionistas y pequeñas y medianas empresas.

Tras recibir las aprobaciones regulatorias, Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Costa Rica, Colombia y Panamá.

“Hemos consolidado la integración de las operaciones de Scotiabank en Panamá, Costa Rica y Colombia, las cuales, pasan a formar parte de Davivienda”, confirmó Javier Suárez, presidente de Davivienda Group.

Suárez destacó que “Davivienda Panamá es un banco que conecta a Centroamérica y Colombia, y que nos permite acompañar el crecimiento de las empresas mientras brindamos a las personas una oferta de valor que se distingue por su servicio, cercano, oportuno y excepcional”.

El ejecutivo explicó que en Panamá, la marca Scotiabank es “reemplazada y absorbida” por Davivienda, pasando sus clientes a formar parte del nuevo banco. “La marca Scotiabank desaparece del ámbito local, y como banco se convierte en accionista de Davivienda Group. Todo esto bajo la sombrilla de Davivienda Panamá”, sostuvo.

Una integración estratégica para la región

Como parte de esta transacción:

Scotiabank adquiere el 20% de participación en Davivienda Group.

El grupo alcanza más de 29 millones de clientes en la región.

Los activos superan los $60.000 millones, un crecimiento aproximado del 37 %.

La estructura regional queda distribuida con 70 % de activos en Colombia y 30 % en Centroamérica.

A esto se suma la inversión de $150 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC), que adquiere el 7.09 % de Holding Davivienda Internacional S.A., impulsando la operación en Centroamérica y fortaleciendo la estrategia de financiamiento sostenible, en especial para pymes lideradas por mujeres y proyectos climáticos.

En conferencia de prensa, también se anunció la designación de Joanna Crooks como presidenta ejecutiva de Davivienda en Panamá. Con más de 19 años de experiencia en el sector financiero internacional, asumirá la tarea de liderar la integración en el país.

“Desde Davivienda Panamá asumo con entusiasmo este rol. Trabajaremos para seguir enriqueciendo la vida de los panameños y el desarrollo de sus negocios, actuando siempre con integridad y asegurando que nuestros clientes reciban el mejor servicio, la mejor atención y el cuidado que merecen”, indicó Crooks.

Exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands fue detenido la madrugada del martes 9 de diciembre de 2025 en el área de Camino de Cruces.

La captura ocurrió alrededor durante la Operación Bávaros, una acción conjunta entre el Ministerio Público con la Policía Nacional que se desarrolló en diferentes puntos de las provincias de Coclé, Panamá Oeste y Panamá y que también resultó en la detención de otras diez personas e incluyó un allanamiento a su vivienda.

La juez Águeda Rentería escuchó los alegatos de los procesados, entre ellos el del equipo defensor de Federico José Pepe Suárez, exministro de Obras Públicas.

Rosendo Miranda, uno de sus abogados, solicitó el archivo del expediente y el sobreseimiento definitivo, al alegar que en las obras no hubo sobreprecios.

Ese mismo planteamiento se repitió en buena parte de las intervenciones de otros defensores. Hoy miércoles 3 de septiembre se escucharán los razonamientos jurídicos de ocho abogados más.

Además de Suárez, figuran como investigados el abogado Mauricio Cort y el exdirector de Proyectos Especiales del MOP, Jorge Churro Ruiz, junto con Julio Casla, Eugenio Del Barrio y Avelino Acero, antiguos ejecutivos de FCC.

También están implicados Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que revisó propuestas de varias empresas y favoreció la adjudicación de contratos a FCC. La lista de procesados la completan Marcelo De La Rosa, Crecencio Pomares y Sergio Fernando Del Sour.

Juez no admitió recursos

Previo al inicio de la audiencia, programada del 1 al 5 de septiembre de 2025, la juez Rentería no admitió cuatro incidentes de prescripción de la acción penal por peculado, presentados por las defensas.

En cuanto al delito de corrupción de servidores públicos, declaró prescrita la acción penal respecto a dos de los imputados.

¿Qué proponen?

• El texto de Duke busca impedir expresamente que las entidades incluyan en sus presupuestos recursos para seguros de salud, vida, accidentes u otros beneficios similares financiados con fondos públicos. La idea es que, si un funcionario quiere póliza privada, la pague de su bolsillo.
• La iniciativa de Cedeño prohíbe pagar con presupuesto estatal seguros privados de salud a funcionarios, con una excepción acotada: seguros de vida para estamentos de seguridad, debidamente justificados.

¿Por qué ahora?
Durante las sustentaciones de Presupuesto 2026 afloraron renglones destinados a pólizas en múltiples instituciones (Tribunal Electoral, Órgano Judicial, Ministerio Público, entre otras). Un repaso a PanamáCompra citado por la prensa indicó que al menos siete entidades han contratado seguros colectivos de salud y vida para su personal; en el caso del Tribunal Electoral, se discutió una línea cercana a $1.9 millones. Estos datos encendieron la polémica sobre equidad y prioridades del gasto.

El ángulo social y de servicios
Para los proponentes, el mensaje es ético y presupuestario: no es coherente que haya funcionarios con cobertura privada costeada por el erario mientras el público enfrenta largas esperas, déficit de personal y faltantes de fármacos en la red estatal. Organizaciones y analistas han usado el caso para pedir que esos recursos se redirijan a abastecimiento, infraestructura, mantenimiento hospitalario y talento humano.

Qué viene ahora
Ambos textos deben ser prohijados en comisión antes de pasar al pleno. En el camino podrían unificarse criterios (por ejemplo, sobre excepciones muy puntuales y controles de transparencia) o abrirse la puerta a modelos alternativos (seguros colectivos cofinanciados por el funcionario, o esquemas transitorios mientras se fortalece la red pública). El pulso político será intenso: hay voces que alegan que ciertos beneficios ayudan a atraer y retener talento; otras sostienen que crear “ciudadanos de primera y segunda” en salud erosiona la confianza en el Estado.

En total la iniciativa contó con 21 votos a favor de los representantes de corregimientos para lograr la suscripción de un convenio entre la Alcaldía de Panamá y el Ministerio de Salud.

Se trata de seis hectáreas de un terreno ubicado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos. Este será de beneficio para 600 mil personas

“Panamá Norte tendrá su hospital tras décadas de espera. Hoy (martes) el Concejo Municipal aprobó el uso y administración de los terrenos de la Alcaldía donde se construirá este hospital, beneficiando a más de 600 mil personas. Felicito al Gobierno, diputados y representantes que hacen este esfuerzo colectivo posible”, expresó en X el alcalde Mayer Mizrachi.

El mandatario panameño explicó que este proyecto forma parte del nuevo corredor energético que desarrollará el Canal de Panamá, y será una de las mayores inversiones en la historia de esta ruta interoceánica, con un impacto positivo para el país. 

Precisó que este gasoducto generará más 6,500 puestos en la etapa de construcción y cerca de 9,600 en la fase operativa.

La obra también aportaría ingresos para el Estado de Panamá por 160 millones de dólares durante la construcción y más de mil 500 millones de dólares cada año en la fase de operación. 

Además, representaría un valor agregado a la economía panameña por 590 millones de dólares anuales durante la construcción y un estimado de 2,700 millones de dólares anuales durante su fase operativa.

El gasoducto será el primer gran proyecto de esta plataforma de infraestructura que busca fortalecer la competitividad del país y responder a una necesidad estratégica del mercado global de productos energéticos.

“El gasoducto que hoy anunciamos es una apuesta estratégica de Panamá para seguir siendo un país clave en la economía global, generando desarrollo para los panameños y garantizando la sostenibilidad y competitividad del Canal de Panamá”, afirmó Mulino.

Recalcó que, si no se eliminan los criaderos, habrá problemas más graves a futuro. 

El funcionario dejó claro que la situación es preocupante porque la comunidad no está colaborando como debería.

Las áreas con mayor índice de infestación son David, Dolega y Bugaba, donde los indicadores superan el 4%, llegando incluso a más del 8% en algunos puntos.

Pese a que el equipo de vectores cuenta con los insumos y maquinaria de nebulización necesarios, el trabajo de control enfrenta obstáculos debido a que muchos residentes niegan el acceso a sus viviendas.

Las autoridades insisten en que la eliminación de los criaderos de mosquito es la medida más efectiva para contener la propagación del dengue. 

La falta de colaboración de parte de la población, advierten, podría provocar un incremento en los casos y en el número de muertes en los próximos meses.

Hasta el 21 de agosto del presente año en el país se habían registrado un total de 9,434 casos acumulados de dengue.

La ley fue publicada en Gaceta Oficial y apunta a mejorar capacidades de investigación y respuesta ante fraudes, intrusiones y violaciones de datos.