En la Asamblea, las comisiones parecían una quimera: reuniones, selfies, ruedas de prensa… y nada concreto. Hasta que, de pronto, la calculadora política cuadró y se “descubrió” el consenso: 13 comisiones salieron del congelador por acuerdo vespertino; las de Credenciales y Gobierno sí tuvieron que sudar votos en el Pleno.

Dicen los pasillos que el regateo no era por agendas, sino por sillones y visibilidad; la prueba es que, cuando aparecieron los 43 votos y las 3 abstenciones, el humo blanco llegó en minutos. La semana siguiente tocó instalar Presupuesto y repartir presidencias: menos épica, más aritmética.

El país toma nota: cuando la presión sube y la opinión pública mira, el Legislativo sí puede moverse. ¿Lección? La gobernabilidad en Panamá no es falta de tiempo, es falta de incentivos; cuando éstos aparecen (o la presión aprieta), el tablero se ordena. Mientras tanto, el inventario de proyectos esperando “prohijamiento” sigue recordando que el reloj legislativo ha sido más político que programático.

Ella responde que se trata de “compensación por la naturaleza del cargo”, y que habrá explicaciones formales. En paralelo, episodios como el disparo contra su oficina a inicios de año elevaron el tono y la tensión institucional, mientras gremios y opinadores escalaban reproches por aumentos y pensiones en el Órgano Judicial.

La foto del momento: una presidenta que administra silencios y tiempos en medio de un vendaval que mezcla seguridad, corporativismo, comunicación y cortesía con la prensa. ¿Conclusión incómoda? La percepción pública no se resuelve con tecnicismos legales: en un país cansado de privilegios, la narrativa de “méritos y reglas internas” suena a latín. Y en ese ruido, la figura de López oscila entre autoridad judicial y relato de blindaje.

Si la conferencia prometida llega con datos, cronología y controles verificables, podría bajar la marea; si no, el estribillo de “rebeldía e impunidad” seguirá marcando el compás.