Exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands fue detenido la madrugada del martes 9 de diciembre de 2025 en el área de Camino de Cruces.

La captura ocurrió alrededor durante la Operación Bávaros, una acción conjunta entre el Ministerio Público con la Policía Nacional que se desarrolló en diferentes puntos de las provincias de Coclé, Panamá Oeste y Panamá y que también resultó en la detención de otras diez personas e incluyó un allanamiento a su vivienda.

La juez Águeda Rentería escuchó los alegatos de los procesados, entre ellos el del equipo defensor de Federico José Pepe Suárez, exministro de Obras Públicas.

Rosendo Miranda, uno de sus abogados, solicitó el archivo del expediente y el sobreseimiento definitivo, al alegar que en las obras no hubo sobreprecios.

Ese mismo planteamiento se repitió en buena parte de las intervenciones de otros defensores. Hoy miércoles 3 de septiembre se escucharán los razonamientos jurídicos de ocho abogados más.

Además de Suárez, figuran como investigados el abogado Mauricio Cort y el exdirector de Proyectos Especiales del MOP, Jorge Churro Ruiz, junto con Julio Casla, Eugenio Del Barrio y Avelino Acero, antiguos ejecutivos de FCC.

También están implicados Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que revisó propuestas de varias empresas y favoreció la adjudicación de contratos a FCC. La lista de procesados la completan Marcelo De La Rosa, Crecencio Pomares y Sergio Fernando Del Sour.

Juez no admitió recursos

Previo al inicio de la audiencia, programada del 1 al 5 de septiembre de 2025, la juez Rentería no admitió cuatro incidentes de prescripción de la acción penal por peculado, presentados por las defensas.

En cuanto al delito de corrupción de servidores públicos, declaró prescrita la acción penal respecto a dos de los imputados.

¿Qué proponen?

• El texto de Duke busca impedir expresamente que las entidades incluyan en sus presupuestos recursos para seguros de salud, vida, accidentes u otros beneficios similares financiados con fondos públicos. La idea es que, si un funcionario quiere póliza privada, la pague de su bolsillo.
• La iniciativa de Cedeño prohíbe pagar con presupuesto estatal seguros privados de salud a funcionarios, con una excepción acotada: seguros de vida para estamentos de seguridad, debidamente justificados.

¿Por qué ahora?
Durante las sustentaciones de Presupuesto 2026 afloraron renglones destinados a pólizas en múltiples instituciones (Tribunal Electoral, Órgano Judicial, Ministerio Público, entre otras). Un repaso a PanamáCompra citado por la prensa indicó que al menos siete entidades han contratado seguros colectivos de salud y vida para su personal; en el caso del Tribunal Electoral, se discutió una línea cercana a $1.9 millones. Estos datos encendieron la polémica sobre equidad y prioridades del gasto.

El ángulo social y de servicios
Para los proponentes, el mensaje es ético y presupuestario: no es coherente que haya funcionarios con cobertura privada costeada por el erario mientras el público enfrenta largas esperas, déficit de personal y faltantes de fármacos en la red estatal. Organizaciones y analistas han usado el caso para pedir que esos recursos se redirijan a abastecimiento, infraestructura, mantenimiento hospitalario y talento humano.

Qué viene ahora
Ambos textos deben ser prohijados en comisión antes de pasar al pleno. En el camino podrían unificarse criterios (por ejemplo, sobre excepciones muy puntuales y controles de transparencia) o abrirse la puerta a modelos alternativos (seguros colectivos cofinanciados por el funcionario, o esquemas transitorios mientras se fortalece la red pública). El pulso político será intenso: hay voces que alegan que ciertos beneficios ayudan a atraer y retener talento; otras sostienen que crear “ciudadanos de primera y segunda” en salud erosiona la confianza en el Estado.

En total la iniciativa contó con 21 votos a favor de los representantes de corregimientos para lograr la suscripción de un convenio entre la Alcaldía de Panamá y el Ministerio de Salud.

Se trata de seis hectáreas de un terreno ubicado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos. Este será de beneficio para 600 mil personas

“Panamá Norte tendrá su hospital tras décadas de espera. Hoy (martes) el Concejo Municipal aprobó el uso y administración de los terrenos de la Alcaldía donde se construirá este hospital, beneficiando a más de 600 mil personas. Felicito al Gobierno, diputados y representantes que hacen este esfuerzo colectivo posible”, expresó en X el alcalde Mayer Mizrachi.

El mandatario panameño explicó que este proyecto forma parte del nuevo corredor energético que desarrollará el Canal de Panamá, y será una de las mayores inversiones en la historia de esta ruta interoceánica, con un impacto positivo para el país. 

Precisó que este gasoducto generará más 6,500 puestos en la etapa de construcción y cerca de 9,600 en la fase operativa.

La obra también aportaría ingresos para el Estado de Panamá por 160 millones de dólares durante la construcción y más de mil 500 millones de dólares cada año en la fase de operación. 

Además, representaría un valor agregado a la economía panameña por 590 millones de dólares anuales durante la construcción y un estimado de 2,700 millones de dólares anuales durante su fase operativa.

El gasoducto será el primer gran proyecto de esta plataforma de infraestructura que busca fortalecer la competitividad del país y responder a una necesidad estratégica del mercado global de productos energéticos.

“El gasoducto que hoy anunciamos es una apuesta estratégica de Panamá para seguir siendo un país clave en la economía global, generando desarrollo para los panameños y garantizando la sostenibilidad y competitividad del Canal de Panamá”, afirmó Mulino.

La reacción de Adames se dio durante la vista fiscal de la Autoridad Marítima de Panamá.
 
«Que la administración anterior, de manera muy diligente, muy complaciente y obviando requerimientos formales y legales le otorgó una renovación automática al Ferrocarril de Panamá, que después hizo una jugada extraordinaria y la vendió a la empresa Maersk por 600 millones de dólares«, aludió Adames.

Luego, Adames cuestionó si ese contrato del ferrocarril tenía cláusula de renovación automática, por qué el mismo no fue remitido a la Asamblea Nacional y por qué la junta directiva AMP no lo revisó «ya que ese contrato es «onerosa para el pueblo panameño».

«Ese contrato no tiene cláusulas de renovación automática», expresó Alexander De Gracia Subadministrador de la AMP y recordó que «esa renovación no fue durante nuestra administración, pero entiendo que el proceso de llevarlo a la Gaceta Oficial es el de seguimiento del proceso legal luego de la renovación del contrato por la anterior administración», concluyó.

Recalcó que, si no se eliminan los criaderos, habrá problemas más graves a futuro. 

El funcionario dejó claro que la situación es preocupante porque la comunidad no está colaborando como debería.

Las áreas con mayor índice de infestación son David, Dolega y Bugaba, donde los indicadores superan el 4%, llegando incluso a más del 8% en algunos puntos.

Pese a que el equipo de vectores cuenta con los insumos y maquinaria de nebulización necesarios, el trabajo de control enfrenta obstáculos debido a que muchos residentes niegan el acceso a sus viviendas.

Las autoridades insisten en que la eliminación de los criaderos de mosquito es la medida más efectiva para contener la propagación del dengue. 

La falta de colaboración de parte de la población, advierten, podría provocar un incremento en los casos y en el número de muertes en los próximos meses.

Hasta el 21 de agosto del presente año en el país se habían registrado un total de 9,434 casos acumulados de dengue.

El primer tema inevitable son los medicamentos.

Mon recuerda que recibió una CSS con menos de la mitad de su inventario abastecido. “Hoy estamos en 90%”, afirma.

Pero advierte que el verdadero problema no es el inventario en sí, sino que los fármacos lleguen al paciente en el momento oportuno. “La disponibilidad es el gran desafío. No sirve tener bodegas llenas si el asegurado sigue saliendo con las manos vacías”.

Las citas médicas. “¿Cómo se arregla algo que viene de arrastre desde hace décadas?”, “Es un reto estructural. Pasa por tecnología, por personal, por formar especialistas que simplemente no existen hoy”, responde. Y menciona la carencia en provincias como Bocas del Toro, Darién o Chitré, donde los asegurados esperan meses o viajan largas distancias para ser atendidos.

A ese panorama se suma una sombra que ha carcomido la paciencia ciudadana: las mafias internas. Mon no duda en admitirlo. “Sí, hemos descubierto redes que venden citas y atrasan a otros pacientes. Es un cóctel de problemas que multiplica la frustración del asegurado”, revela. Y asegura que esas prácticas ya han sido denunciadas. “El Ministerio Público tiene toda la información. La CSS ha presentado querellas con documentos, no simples denuncias”.

Lo que se descubrió dentro de la entidad fue que redes de funcionarios lucraban con las citas médicas, cuyos precios llegaban en algunos casos hasta los 125 dólares.

La ley fue publicada en Gaceta Oficial y apunta a mejorar capacidades de investigación y respuesta ante fraudes, intrusiones y violaciones de datos.